Tierra, libertad e inversión

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    Por Juan Carlos Cruz Razo*
     

    A casi un centenario de nuestra Constitución debemos revisar la frase de Zapata, pues la tierra adquiere nueva dimensión y valor para el desarrollo de nuestro país. Los constituyentes dispusieron que la propiedad originaria de la tierra corresponde a la nación y que es ésta la que tiene la facultad de crear la propiedad privada; del mismo modo, se reconoció la propiedad social de ejidos y comunidades.

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    Sobre esta última, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 2012, señaló que México tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, y que de esa superficie, 51% es de sujetos agrarios; asimismo, informó que sólo 2.5% de la propiedad social de la tierra, ha transitado hacia la propiedad privada.

    Si la mitad de la superficie de nuestro país corresponde a la propiedad de ejidos y comunidades, es fácil entender que esa propiedad será un actor relevante frente a las reformas estructurales recientemente aprobadas, pues suponen la mayor transformación económica de México desde mediados del siglo pasado. Sobre la tierra se desarrollará una fuerte interrelación de diversos elementos, que darán origen a muchos conflictos que debemos resolver de la mejor manera posible. Frente a la propiedad social encontraremos la explotación de hidrocarburos, la generación de energías eléctrica, eólica y geotérmica, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho humano a la alimentación y la misma propiedad social de la tierra.

    La interacción entre esas actividades económicas y los derechos humanos requiere una justicia agraria eficaz y eficiente, en el que la seguridad jurídica para todos los involucrados, llámense campesinos o inversionistas será lo fundamental para un adecuado desarrollo.

    Los conflictos agrarios después de la Constitución de 1917 tuvieron como actores a los campesinos frente a los latifundios; luego, los conflictos se dieron entre ejidos y comunidades y, más adelante, entre los propios campesinos por una razón evidente: la población crece, la tierra no.

    Y ésta no alcanzó para procurar la subsistencia de las personas. Frente a esa problemática, la revalorización de la tierra como producto, principalmente, de la Reforma Energética, radicalizará los conflictos entre los integrantes de los núcleos de población agrarios, pues cada quien tratará de obtener el máximo provecho. Véanse como ejemplos de esto los movimientos sociales por la construcción de un nuevo aeropuerto, o el resurgimiento de ejidos y comunidades abandonados, reclamando la titularidad de las tierras cuando se anuncia una inversión; o los reclamos de ejidos y comunidades por el respeto de su derecho al agua, o contra declaratorias de zonas restringidas.

    El Tribunal Agrario nació con la reforma de 1992 a la Constitución, pero como un órgano híbrido, no como un pleno tribunal, ya que se le dio un carácter administrativo-judicial, para concluir con los procedimientos agrarios de los que conocía el Ejecutivo federal (función administrativa) y luego, juzgar los actos resultantes de esas decisiones (función judicial).

    Sin hablar de sus resultados, pese a que se trata de un Tribunal Federal establecido en la Constitución, lo cierto es que sus actos no son definitivos, y que sus decisiones quedan sujetas a revisión ante el Poder Judicial Federal, al que debería pertenecer. Esta duplicidad federal provoca que los conflictos que tienen como fondo la propiedad social de la tierra, tarden años en resolverse; pero los campesinos y los inversionistas no pueden esperar tanto tiempo para obtener seguridad jurídica.

    Para ejemplificar lo anterior, basta considerar que una decisión del Tribunal Agrario que pueda tener por efecto privar de la posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, puede ser impugnada por éstos dentro de los siete años siguientes a que se les notifique el fallo, sin contar el tiempo que puede tardar en resolverse el procedimiento respectivo. Evidentemente nadie pretendería afectar o restringir los derechos que la ley establece en favor de los sujetos agrarios, pero una justicia lenta puede ser más perjudicial.

    Por ello, es urgente simplificar el modelo de justicia agraria para preservar los derechos de ejidos y comunidades y, a la vez, dar certeza y seguridad jurídica que detone el desarrollo. Esto puede realizarse de una manera muy sencilla reconfigurando instituciones y organizaciones, y los cambios se podrían operar con relativa facilidad para que las contiendas se resuelvan en periodos muy cortos, con una justicia de calidad.

    Los grandes cambios obligan a realizar ajustes en las instituciones y en las organizaciones, y no sólo en términos económicos sino también desde la perspectiva del Derecho.

    *Magistrado de Circuito

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    Post y Contenido Original de : Excelsior

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